La pérdida de derechos políticos no afecta capacidad para realizar operaciones comerciales

La Superintendencia de Sociedades se pronunció recientemente frente a la relación entre la pérdida de derechos políticos y la capacidad para realizar actividades comerciales. En el Oficio 220-117624 del 17 de mayo de 2024, la entidad responde a una consulta sobre las implicaciones que la pérdida del ejercicio de derechos políticos podría tener en la capacidad de los individuos para adelantar operaciones mercantiles en Colombia.

Puntos clave del concepto:

1. No afectación a la capacidad comercial: La Superintendencia establece claramente que la pérdida de la facultad de ejercicio de derechos políticos no afecta en forma alguna la capacidad para ejercer actividades de comercio del sujeto sancionado.
2. Distinción entre derechos políticos y económicos: El concepto subraya que la actividad mercantil pertenece al ámbito de los derechos económicos, mientras que los derechos políticos se relacionan con la participación en la organización democrática del Estado.
3. Definición de derechos políticos: Se cita la definición de la Real Academia Española y se hace referencia al artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Marco constitucional: El concepto menciona el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, que establece los derechos políticos de los ciudadanos.
5. Jurisprudencia constitucional: Se cita la Sentencia C-581 de 2001 de la Corte Constitucional, que define los derechos políticos y establece que no son de carácter absoluto.
6. Inhabilidades para ejercer el comercio: El concepto hace referencia al artículo 14 del Código de Comercio, que establece quiénes son inhábiles para ejercer el comercio, señalando que la pérdida de derechos políticos no está incluida en esta lista.

Este concepto de la Superintendencia de Sociedades proporciona una clarificación importante para el sector empresarial y jurídico colombiano, al establecer que las sanciones que afectan los derechos políticos de un individuo no tienen impacto en su capacidad para realizar actividades comerciales. Esta distinción es crucial para garantizar la seguridad jurídica en las transacciones comerciales y para proteger los derechos económicos de los ciudadanos, incluso cuando sus derechos políticos se vean afectados por decisiones judiciales.