Se aprobaron como legislación permanente los Decretos 560 y 772 de 2020

El Congreso de la República de Colombia ha dado un paso histórico al aprobar por unanimidad el Proyecto de Ley 106 de 2023 Senado y 365 de 2024 de Cámara de Representantes. Esta legislación incorpora de manera permanente las medidas establecidas en los Decretos Leyes 560 y 772 de 2020, diseñadas originalmente para enfrentar los desafíos económicos provocados por la pandemia del COVID-19.

Billy Escobar, Superintendente de Sociedades, calificó esta decisión como «un hito muy importante para el salvamento empresarial». Según Escobar, esta ley permite «construir sobre lo construido, fortaleciendo el ecosistema empresarial colombiano y el impulso a la recuperación económica».

La iniciativa, liderada por la Superintendencia de Sociedades y respaldada por todas las bancadas del Congreso, se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico.

Entre las principales medidas aprobadas se encuentran:

1. Mecanismos simplificados para la reorganización empresarial
2. Estímulos a la financiación y salvamento de empresas
3. Marcos sólidos para la negociación de acuerdos de reorganización
4. Directrices claras para un régimen de insolvencia efectivo
5. Estrategias para la recuperación de valor en procesos de liquidación
6. Ampliación de la lista de auxiliares de justicia
7. Procedimientos expeditos para casos de menor tamaño
8. Aplicación subsidiaria de la Ley 1116 de 2006
9. Armonización con estándares internacionales de insolvencia
10. Legislación específica para pequeñas empresas
11. Medidas para mejorar la competitividad y atraer inversiones
12. Impulso a la Economía Popular y Comunitaria
13. Regulaciones para fortalecer las pequeñas y microempresas

Esta ley representa un avance significativo en el régimen de insolvencia de Colombia, ofreciendo mayor estabilidad y previsibilidad para las empresas que enfrentan entornos económicos desafiantes. Además, refleja el compromiso del país con la protección del tejido empresarial, la preservación del empleo y la salvaguarda del crédito en un contexto económico complejo.