El despido de personas con discapacidad no es ineficaz sin autorización si hay justa causa

La Corte Suprema de Justicia resolvió una demanda interpuesta por un trabajador que buscaba su reintegro tras un despido ilegal, solicitando la restitución en su cargo o en otro de igual o superior categoría, además del pago de los salarios dejados de percibir desde su despido. La Sala de Casación Laboral aclaró que el despido de una persona en situación de discapacidad no es automáticamente ineficaz si el empleador no solicita autorización de la autoridad administrativa del trabajo.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte enfatizó que la garantía de estabilidad e igualdad para personas en situación de discapacidad protege al trabajador contra conductas discriminatorias del empleador, pero no implica que el trabajador deba mantener su empleo si incurre en alguna de las justas causas contempladas en la legislación laboral. En la sentencia CSJ SL1360-2018, se explicó que las normas que protegen a los trabajadores con discapacidad tienen como objetivo promover su inclusión y evitar la segregación y exclusión en el ámbito laboral.

La disposición que protege al trabajador con discapacidad en la extinción del vínculo laboral busca salvaguardar su estabilidad frente a comportamientos discriminatorios, es decir, aquellos que buscan excluirlo del empleo por su discapacidad física, sensorial o mental. Sin embargo, las decisiones basadas en razones objetivas y legítimas pueden justificar la terminación de la relación laboral. Según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no se prohíbe el despido de un trabajador con discapacidad, pero se sanciona si este acto está basado en criterios discriminatorios.

La Corte concluyó que la invocación de una justa causa legal excluye la presunción de discriminación en el despido de un trabajador con discapacidad. Por lo tanto, no es obligatorio recurrir al inspector del trabajo si se alega una justa causa, ya que esta se basa en una razón objetiva.