La Corte Suprema de Justicia declara la responsabilidad de una empresa matriz frente a obligaciones laborales de filial en liquidación

En una decisión reciente, la Sala de Casación de Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ratificado la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café, respecto a las obligaciones laborales no cumplidas por la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, ahora en liquidación. Este fallo subraya un precedente importante sobre la responsabilidad de empresas matrices en las obligaciones de sus filiales en liquidación.

La sentencia enfoca su atención en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, el cual establece que, bajo ciertas condiciones, la empresa matriz o controlante tiene una responsabilidad subsidiaria sobre las obligaciones insolutas de la sociedad controlada, especialmente si esta última ha sido sometida a procesos de concordato o liquidación obligatoria. En el caso específico, la Federación Nacional de Cafeteros, actuando como matriz, no demostró que la liquidación de su filial no fue resultado de sus decisiones o actuaciones, dejando así firme la presunción de responsabilidad.

Este fallo se da en el marco de un recurso de casación interpuesto por la Federación contra una sentencia previa que favorecía a Guillermo Sierra Barreneche, un ex empleado de la Flota Mercante, quien reclamaba la reliquidación de su pensión de jubilación y otros derechos pensionales adeudados desde 1997. La Corte confirmó la sentencia de instancia que no solo reconocía estas obligaciones, sino que también imponía a la Federación el cumplimiento subsidiario de las mismas, dada su posición de controlante sobre la compañía liquidada.

La sentenciaeafirma la importancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y pensionales por parte de las empresas y sus entidades controlantes, consolidando así los principios de solidaridad y responsabilidad corporativa en el contexto laboral colombiano.De igual forma, constituye un precedentecrucial para asegurar que los derechos de los trabajadores continúen siendo una prioridad en los procesos de reorganización y liquidación empresarial, protegiendo así a los empleados de las consecuencias adversas de las decisiones corporativas.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de abril de 2024 (radicación 97973)