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La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto jurídico clave respecto al tratamiento que deben recibir los procesos administrativos sancionatorios iniciados contra sociedades que posteriormente solicitan ser admitidas a un proceso de reorganización o liquidación judicial bajo la Ley 1116 de 2006.

El pronunciamiento se dio en respuesta a una consulta formulada por un ente de la administración pública que estaba adelantando investigaciones sancionatorias contra algunas empresas. La entidad solicitó orientación sobre cómo proceder ante posibles procesos concursales posteriores.

Consideraciones de la SuperSociedades

En reorganización, el deudor debe incluir las investigaciones en curso como créditos contingentes o litigiosos en el proyecto de calificación y graduación de créditos que presenta al promotor. Aunque los acreedores no están obligados a hacerse parte, se recomienda hacer seguimiento al proceso. Si acreencias por sanciones son excluidas a sabiendas, los acreedores podrían luego perseguir a administradores, contadores y revisores por daños bajo el artículo 26 de la ley concursal.

En liquidación judicial, los acreedores sí deben presentar oportunamente sus créditos al liquidador, incluyendo los derivados de investigaciones administrativas sancionatorias.

Las entidades pueden continuar con sus investigaciones contra sociedades en reorganización, al estar estas aún en operación. Pero se debe analizar cada caso particular.

SuperSociedades, oficio 220-324415 de 2023

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