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La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y una vida digna de una trabajadora que había sido diagnosticada con una enfermedad que le generó una pérdida casi total de su capacidad laboral.

El caso

En 2001, mientras Rosa desempeñaba su labor como patinadora profesional e instructora, fue diagnosticada con un tumor cerebral, lo que generó una pérdida del 93,40% de su capacidad laboral (según una evaluación de expertos en 2022).

Laura, hermana de Rosa, solicitó la pensión de invalidez, pero fue rechazada por no cumplir con el requisito de cotizar 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de la invalidez (1° de marzo de 2001). Ante esto, Laura interpuso una acción de tutela en nombre de Rosa, argumentando la necesidad de proteger sus derechos, dado su estado de salud deteriorado.

La Sala Novena de Revisión, bajo la ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, decidió conceder la pensión de invalidez, aplicando el principio de favorabilidad. La Corte explicó que la retrospectividad permite aplicar normas a situaciones anteriores a su vigencia si no se consolidaron definitivamente.

Aunque las cotizaciones de Rosa se realizaron bajo la Ley 100 de 1993, que exigía 26 semanas de aportes en el año anterior a la pérdida de capacidad laboral, la Corte optó por aplicar retrospectivamente la Ley 860 de 2003, que modificó la anterior. Esto se basó en que el diagnóstico definitivo de invalidez se emitió en 2022. La Corte estableció que esta aplicación excepcional de normas posteriores requiere que el titular sea sujeto de especial protección constitucional y que la falta de reconocimiento afecte sus derechos fundamentales, especialmente el mínimo vital.

En el caso de Rosa, la Corte encontró estos presupuestos cumplidos. Siendo una persona discapacitada sin recursos propios, acumuló 60 semanas de cotización, superando el requisito para la pensión. La Corte ordenó al fondo de pensiones reconocer y pagar la pensión de invalidez. Además, la Corte concluyó que el fondo de pensiones desconoció los derechos de Rosa durante el proceso, modificando unilateralmente la fecha de estructuración de la invalidez. También impuso barreras injustificadas para el reconocimiento prestacional, afectando el derecho a la seguridad social. La Corte previno a la entidad sobre el cumplimiento de sus deberes.

Corte Constitucional, sentencia T-311 de 2023

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