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La Corte Suprema de Justicia conoció de un caso relativo a la compraventa de un inmueble que tenía «dos embargos por procesos judiciales distintos, los cuales no se habían levantado al momento de perfeccionarse la transacción».

Partiendo de lo establecido por el Código Civil, la Sala inició indicando que «pueden enajenarse todas las cosas corporales o incorporales, cuya transferencia no esté prohibida por la ley». En otras palabras, todas las cosas comerciables son susceptibles de venta, a menos que estén fuera del ámbito del tráfico mercantil, lo que las hace inválidas para una venta legal.

En el caso de bienes embargados, el mencionado artículo, en concordancia con el numeral 3 del artículo 1521 del Código Civil, establece que existe objeto ilícito en la enajenación, «a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello». La Corte revisó sus diversas posturas jurisprudenciales a lo largo del tiempo para ilustrar las discrepancias existentes sobre la legalidad de la compraventa de bienes sometidos a embargos.

En la actualidad, siguiendo la doctrina vigente del alto tribunal, según una interpretación finalista del numeral 3 del artículo 1521 del C.C., las partes pueden llevar a cabo la venta del bien embargado sin que ello invalide el contrato, siempre y cuando la obligación de transferirlo se establezca como modalidad, plazo o condición (C.C., arts. 1530 y 1551). Esto implica condicionar el cumplimiento del contrato acordando la forma en que la medida cautelar puede y debe ser levantada.

Así las cosas, al momento de cumplir con la transacción, es decir, durante la tradición (registro), se debe levantar la medida cautelar, obtener la autorización del juez o contar con el consentimiento del acreedor.

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