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El máximo tribunal constitucional sostuvo que la figura de la estabilidad laboral reforzada frente a sujetos de especial protección es aplicable aún frente al contrato de trabajo en el cual se ha definido un término definido de duración. La Corte Constitucional manifestó, así, que ello incluye “los contratos por obra o labor determinada e, igualmente, los contratos de prestación de servicios”.

De lo anterior se desprende que el trabajador o contratista no puede ser desvinculado sin que exista una razón objetiva que justifique la terminación del vínvulo contractual, o la renovación del mismo, siendo necesaria la autorización de la Oficina de Trabajo de igual forma.

La Corte Constitucional señaló la existencia de una presunción de despido injustificado por circunstancia de debilidad y vulnerabilidad del trabajador, cuando el juez constitucional logre “establecer que el despido, o la terminación del contrato o la no renovación del mismo, de una persona con una considerable afectación de salud se produjo sin la autorización de la oficina del Trabajo”.

En tales eventos será labor del juez constitucional amparar los derechos del trabajador, y consecuentemente

(i) declarar la ineficacia de la terminación contractual o del despido laboral (con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios o remuneraciones y las prestaciones sociales dejadas de percibir en el interregno). (ii) En caso de ser posible, ordenar el reintegro a un cargo que ofrezca condiciones similares a las del empleo desempeñado por el trabajador hasta su desvinculación, o la renovación del contrato, para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones similares al del ejecutado anteriormente, y que esté acorde con su actual estado de salud. Y (iii) ordenar una indemnización de 180 días del salario o de la remuneración, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997”.

Corte Constitucional, sentencia T-052 de 2020

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