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La Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó desde la perspectiva probatoria tributaria cuáles son los elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de acreditar los ingresos brutos de un contribuyente.

Consideraciones del Consejo de Estado

En primer lugar, la Sala resaltó que la legislación nacional proporciona libertad probatoria, ya que no especifica los medios para acreditar los ingresos brutos. Esto se alinea con el artículo 742 del Estatuto Tributario, que remite al artículo 175 del Código de Procedimiento Civil (actualmente Código General del Proceso).

En el análisis, se destacó el artículo 743 del Estatuto Tributario, que establece que los medios de prueba para demostrar los ingresos brutos dependen de su conexión con el hecho a probar. Aunque no hay una tarifa legal probatoria, se enfatizó la necesidad de establecer la relación de conexidad entre la prueba y los ingresos brutos.

En el caso específico, se señaló que al determinar las contribuciones, no se deben presentar como prueba en auditorías documentos sin validez. El demandante presentó una relación de ventas y un certificado de contador público para demostrar ingresos inferiores a los requeridos para la presentación en medios magnéticos.

Sin embargo, la Sala concluyó que ninguno de los documentos presentados constituía prueba contable según el artículo 772 del Estatuto Tributario. La relación de ventas, elaborada por el contribuyente, carecía de sustento documental y certeza sobre la realidad económica. El certificado de contador público no cumplía con los requisitos necesarios para reconocer valor probatorio. En resumen, la sentencia determinó que los documentos presentados no probaban de manera suficiente los ingresos brutos del demandante durante el año 2005, ni respaldaban la única actividad económica declarada.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 25 de septiembre de 2019

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