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En el contexto de un proceso de nulidad y restablecimiento que evaluó la revocación de la sanción disciplinaria dictada por la Junta Central de Contadores contra un contador, la Sección Primera del Consejo de Estado abordó aspectos fundamentales relacionados con la proporcionalidad y graduación de sanciones en procedimientos administrativos sancionatorios.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado reiteró su jurisprudencia destacando la competencia discrecional conferida a la Junta Central de Contadores para determinar las sanciones. En este sentido, subrayó la importancia del artículo 16 de la Ley 732 de 2002, que establece que las sanciones disciplinarias tienen una función preventiva y correctiva, destinada a asegurar la efectividad de los principios y objetivos contemplados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales. La Sala enfatizó el criterio de la gravedad como guía para la gradación de la sanción, enfatizando que esta debe ser proporcionada a la gravedad de los hechos evaluados por el juzgador.

En relación con el caso examinado, la Sección Primera del Consejo de Estado concluyó, basándose en los argumentos presentados, que la sanción impuesta se ajusta a los límites establecidos por la Ley. En concreto, la suspensión de la inscripción del contador público por un año se consideró dentro del marco legal, sin evidenciar excesos ni desproporciones. Además, la Sala señaló que la demanda no proporcionó un análisis detallado ni pruebas que respaldaran la alegación de falta de proporcionalidad.

Respecto a la sanción impuesta al contador de la empresa, a pesar de que la caducidad operó en uno de los fundamentos de la decisión, se determinó que la sanción era proporcional a la gravedad de los hechos. En este sentido, se impuso la suspensión de la inscripción profesional por seis meses al demandante en su calidad de revisor fiscal, mientras que al otro contador se le suspendió la inscripción profesional por un año.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de julio de 2019.

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