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Con el propósito de impulsar las medidas preventivas contra el contrabando y fortalecer la seguridad en las fronteras y los puntos de llegada de mercancías al territorio colombiano, así como de agilizar los tiempos y reducir los costos logísticos en las operaciones de importación, el Gobierno nacional ha difundido un proyecto de decreto que introduce modificaciones a la normativa aduanera vigente.

Los cambios propuestos

La propuesta de modificación del Decreto 1165 de 2019 tiene como objetivo principal la implementación generalizada de declaraciones anticipadas como una herramienta para facilitar el comercio seguro, alineándose con las mejores prácticas internacionales establecidas por la Organización Mundial de Aduanas y respaldadas por la Política Nacional Logística del Conpes 3982 de 2022.

Salvo algunas excepciones, la declaración anticipada cubrirá todos los productos provenientes del extranjero, sin importar si su destino final es la nacionalización en el lugar de arribo, su ingreso a depósitos autorizados por la autoridad aduanera, la entrada a zonas francas o su reembarque. La información recibida previamente se contrastará con los documentos de transporte, permitiendo un eficiente perfilamiento de riesgo y señalando lo que será inspeccionado en los lugares de arribo.

Antes de solicitar la inspección por parte de la autoridad aduanera, los importadores podrán actualizar algunos campos de la declaración anticipada con los datos finales obtenidos de los documentos de transporte y sus preinspecciones, incluyendo números de serie en el espacio de descripción.

La información detallada en las declaraciones anticipadas facilitará el control de inventarios a la llegada a depósitos y zonas francas, posibilitando la identificación precisa por parte de los grupos de control y los usuarios operadores de estas instalaciones, así como las seccionales de aduanas.

Se modifica también la secuencia del proceso de importación para que el pago se realice después de la inspección, lo que ahorra tiempo y reduce la carga administrativa al importador, quien ya no tendrá que ajustar su pago según el resultado de la inspección. Las inspecciones se llevarán a cabo exclusivamente en los lugares de arribo, aunque se podrán realizar controles aduaneros adicionales. El proceso culmina con la retirada de las mercancías. No obstante, si el usuario prefiere pagar durante el periodo de almacenamiento o debe presentar registros de importación, vistos buenos u otras autorizaciones, puede trasladar la mercancía a un depósito habilitado para completar el trámite.

La nueva normativa incorporará disposiciones para: 1) impulsar la industria de astilleros como un punto de reparación internacional, 2) precisar procesos acordes a la realidad logística y operativa de los puertos, 3) permitir que las Sociedades de Comercialización Internacional (SCI) emitan certificados al proveedor para usuarios industriales de Zona Franca cuando los productos sean 100% nacionales, fomentando encadenamientos productivos, 4) permitir la reimportación en el mismo estado de acuerdo con la garantía del proveedor sin límite de tiempo, 5) permitir la presentación de documentos digitalizados, 6) respaldar el reembarque con la garantía global de los agentes de carga, entre otras.

Todos los artículos que afecten significativamente la operación aduanera entrarán en vigencia simultáneamente después de llevar a cabo capacitaciones, pruebas internas y externas para garantizar una implementación sin inconvenientes en la operación. No se establecerán vigencias escalonadas.

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