fbpx

La Sección Cuarta del Consejo de Estado estudió la legalidad de la Resolución 000126 del 29 de octubre de 2021, la cual materializaba beneficios tributarios creados con ocasión de la pandemia del COVID-19 a través de la Ley 2155 de 2021.

Consideraciones del Consejo de Estado

El artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 pervió la «reducción Transitoria de las sanciones impuestas por actos administrativos independientes y de las actualizaciones a las mismas, al 20% del monto previsto en la legislación, así como de la tasa de interés moratorio, a una tasa de interés diario equivalente al mismo porcentaje. Todo como una medida de reactivación económica para obligaciones administradas por la DIAN y los entes territoriales, pagadas hasta el 31 de diciembre de 2021, y para las facilidades de pago suscritas hasta esa fecha, con la cual se procuró que el contribuyente contara con un mayor flujo de caja en sus esfuerzos y recursos».

[E]n ese contexto se expidió la Resolución 000126 del 29 de octubre de 2021, contentiva de las instrucciones para aplicar el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, fundada en las condiciones y requisitos que deben cumplir los contribuyentes para acceder a los beneficios allí establecidos, así como el procedimiento que se debe adelantar al interior de la DIAN, cuando se realiza el pago o se radica la solicitud de facilidad de pago.

Esta resolución de la DIAN indica a quienes desean acceder a los mismos, «cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en la ley» y, para efecto de los procedimientos de «investigación, determinación, control, discusión y cobro», faculta a las dependencias con facultades de fiscalización para «solicitar a quienes hayan accedido al beneficio»(…) la información necesaria que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos legales». En esa medida, autoriza a dichas entidades para «solicitar los documentos o pruebas que permitan verificar que el incumplimiento se ocasionó o agravó como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19».

Para el Consejo de Estado:

  • Cuando el inciso segundo del artículo 4 de la Resolución 000126 de 2021 faculta a los funcionarios de fiscalización para «solicitar los documentos o pruebas que permitan verificar que el incumplimiento se ocasionó o agravó como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19», garantiza la efectividad de esa norma legal a través de la función fiscalizadora, que el artículo 1.° del Decreto 1742 de 2020 integra a la competencia de «administración», evocada por el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 al establecer el beneficio de reducción respecto de «obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales», cuyo «incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19». La permisión concedida por dicho inciso a los funcionarios de fiscalización, y el deber que en el mismo sentido impone el inciso segundo del artículo 6.° son ajustadas a derecho;
  • La aplicación del artículo 45 de la ley 2155 supone una remisión implícita al artículo 814 del ET, por principio de unidad normativa y concordancia sistemática del ordenamiento jurídico, toda vez que el artículo 814 es la fuente sustantiva de las facilidades de pago a las que refiere la instrucción del artículo 6.°mencionada, y respecto de las cuales, el artículo 45 se limitó a autorizar el beneficio de reducción transitoria, bajo especiales requisitos. Así, la inexistencia de la «facilidad de pago» dejaría desprovisto de objeto material al beneficio previsto para las mismas, siempre que se suscribieran hasta el 31 de diciembre de 2021, y que recayeran sobre obligaciones en mora al 30 de junio de 2021, por razón de la pandemia COVID 19. ib. para anexar la manifestación atinente a que el incumplimiento se ocasionó o agravó como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19,

Según el fallo de la Sección Cuarta  la fijación de una fecha anterior al 31 de diciembre de 2021 para presentar las solicitudes de facilidad de pago, no es una disposición que coarte el plazo legal de suscripción de la misma, sino una instrucción previsiva y necesaria que, en concordancia con los principios del debido proceso, eficacia y celeridad, bajo los cuales deben desarrollarse las actuaciones administrativas (CPACA, Art. 3), permite que dicha suscripción pueda cumplirse dentro del término legal establecido (hasta el 31 de diciembre de 2021) con el lleno de los requisitos previstos para la misma, y sin dilaciones injustificadas que socaven el marco de legalidad impuesto para los acuerdos de pago.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 14 de septiembre de 2023 (26301)

WhatsApp chat