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Así lo precisó la Sección Cuarta del Consejo de Estado al estudiar en sede de apelación una serie de actos administrativos emitidos por el municipio de Cali a través de los cuales se liquidaba nuevamente el impuesto de alumbrado de un contribuyente, el cual ya había sido liquidado al ser expedidas las facturas correspondientes.

Consideraciones del Consejo de Estado

La Sala recordó, al amparo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que las facturas en este caso son verdaderos actos administrativos pues allí se determinó el valor del tributo regulado por el estatuto tributario municipal, la información del respectivo consumo y la liquidación del mismo.

De allí que

es un hecho no controvertido que con dichas facturas –acto administrativo- se creó una situación jurídica particular y concreta para el contribuyente, en cuanto por medio de estas se determinó el impuesto de alumbrado público a su cargo, por los periodos en discusión y, surgió la obligación de pagar el impuesto liquidado por EMCALI –recaudador- a favor del municipio, por ser este el sujeto activo del tributo.

El que las facturas sean actos administrativos implica que estas están amparadas con la presunción de legalidad. Por tal razón, si la entidad que emitió las facturas considera que eran contrarias al ordenamiento legal porque la tarifa aplicada no correspondía con la realidad, «lo procedente no era expedir una nueva liquidación para modificar la inicial, pues dicha actuación desconoce la naturaleza de esos actos administrativos, que, para dejarlos sin efectos, bien podían ser revocados o demandados».

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 11 de mayo de 2023 (27239).

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